Arauca: sin garantías electorales

27.10.07

Por: Asociacion Campesina de Arauca

El día 23 de octubre de 2007, tropas uniformadas hasta el momento desconocidas, llegaron a las casas de habitación de los campesinos Luis Eduardo Gonzáles y Luis Alberto Jiménez, pasadas las 8:00 pm. quienes fueron ejecutados extrajudicialmente.

Los campesinos mencionados, reconocidos trabajadores agrarios, se desempeñaban además como miembros activos de la Junta Comunal de la vereda Caño Limón, en el Comité de Conciliación Comunitario y además se les conoció dentro de su militancia política como miembros del Partido Comunista Colombiano y del Polo Democrático Alternativo.

Las comunidades temen por sus vidas y permanecen aterrorizados en la región, pues está en boga, tanto en esta jurisdicción como en algunas veredas de Tame y Arauquita, las ejecuciones extrajudiciales.

El día 24 de octubre del presente año, en el municipio de Arauquita en horas de la madrugada varias viviendas de los barrios Guaduales, 20 de Julio, Olivares y Brisas de Arauca fueron allanados por la fuerza pública sin orden judicial.

Entre los allanamientos está la vivienda de la señora Anadime Manco Uribe, a quien los uniformados se llevaron detenida y luego le argumentaban a la madre de la joven detenida, que ella no estaba detenida sino que la llevaban a declarar en la Fiscalía de Arauca.

Las comunidades araucanas están preocupadas por la falta de garantías por parte del Estado para la protección y defensa de los derechos humanos; pues parece que esta sería otra forma oficial de hacer proselitismo político electoral a favor de los partidos, grupos y candidatos afines al gobierno.

Están pisoteando las garantías que deberían tener todas las personas, grupos políticos y candidatos sin discriminación de credos políticos, religiosos, color o raza, es decir que Arauca está en emergencia humanitaria y clama por la solidaridad política y humanitaria de la comunidad nacional e internacional, de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, como también de las autoridades competentes que deben investigar y sancionar ejemplarmente a quienes abusando de la autoridad resquebrajan la democracia, la vida, la paz y la libertad.

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