Dos colombianos amenazados por grupos paramilitares participan en un programa de protección en Catalunya

28.08.09

A sus 51 años, ha visto por primera vez el mar en Barcelona. Tras preguntar, sin atisbo de broma, si había escualos peligrosos, se entregó a su primer baño y se mareó con el vaivén de las olas. Luego lo probó. Probó el mar y contrae el gesto para explicar lo desagradable que le resultó su gusto salado.

Su piel, oscura y castigada, da cuenta de plantaciones de yuca, plátano y maíz y de explotaciones ganaderas. Óscar Enrique Duque, nacido en Colombia, en Puerto Berrio, región de Antioquia, es un reconocido líder campesino que, a día de hoy, sigue dejándose la piel en lo mismo que sus antecesores hace 20 años. Defender la propiedad de la tierra ante el avance sin miramientos de las multinacionales y los grandes terratenientes.

Oscar Enrique, padre de nueve hijos, está amenazado por los todopoderosos grupos paramilitares colombianos.

Jhon Sajonero, de 24 años, ya conocía el mar pero, al igual que su compatriota, es la primera vez que sale de Colombia. Sorprendido porque en Barcelona los coches se paran en los semáforos, relata que estudia el equivalente a cuarto de filosofía en la Universidad de Pamplona, localidad colombiana a Cugutá, en la frontera con Venezuela, donde nació. Líder también, pero en el ámbito universitario, ha puesto su cara en reivindicaciones como el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, ha denunciado de la reducción de presupuesto para educación y la vulneración de los derechos humanos en el país. Recuerda la frase que le hizo tomar una determinación, salida, nada más y nada menos, de la boca de un profesor: «O te desapareces o te desaparecemos». No hubiera sido el primer estudiante asesinado. Hay, al menos, tres casos en los últimos años. Seis meses

Los dos están refugiados en Barcelona. Son los dos primeros activistas proderechos humanos que se han beneficiado de la iniciativa compartida por el departamento de Interior de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. El programa les garantiza una vivienda y 700 euros mensuales durante seis meses, periodo de protección en el que ellos darán a conocer, en distintas instancias, la realidad colombiana. La intención de las administraciones catalanas es que, a partir del año que viene, sean cinco activistas los que puedan beneficiarse del programa anualmente.

«Campesinos y estudiantes. Somos los dos sectores especialmente molestos, molestamos al Gobierno de Álvaro Uribe», relata Jhon, el único hijo universitario de cuatro hermanos y padres separados. Los demás son zapateros, como su progenitor. Antes de ser amenazado, fue detenido ya en dos ocasiones. Una por no disponer de la cartilla militar y otra por encabezar una manifestación.

Al oírle, no cuesta entender por qué molesta. «Uribe se presenta como presidente de un Estado social de derecho pero nada más lejos», explica el estudiante que pormenoriza: «Funcionan los grupos paramilitares vinculados al Gobierno, se contesta cualquier crítica con la represión y los pilares del Estado, como la justicia, no funcionan porque siempre están controlados por quien está en el poder, con constantes cambios de la Constitución a su antojo».

«Lo más sencillo –explica el líder campesino– es vincularnos a la guerrilla de las FARC cuando no tenemos nada que ver».

Colgar el sambenito de «guerrillero»parece ser una práctica habitual en Colombia cuando el Gobierno de Uribe – que goza del beneplácito de la mayoría de la población precisamente por el éxito contra la guerrilla– quiere criminalizar a alguien. «No permitiré a guerrilleros camuflados de estudiantes» es una de las proclamas preferidas del presidente.

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