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12.04.12: Galería de la Memoria, agredida, silenciada y amenazada el 9 de abril en Villavicencio, Meta
12.11.11: 600 familias desplazadas ocupan predio en Bosques de San Antonio
30.10.11: Hostigamientos y amenazas a integrantes del MOVICE Meta
24.10.11: Otra vez: detenciones masivas en La Uribe, Meta
3.10.11: Denuncia pública de ASOCBAC
3.10.11: Comunicado de ASOCBAC a la opinión pública
15.05.12: Publicado el nº 11 del Pa'lante
11.05.12: MOVICE rechaza las recientes amenazas de los "Rastrojos" y “Águilas Negras”
11.05.12: Agresiones contra integrantes del MOVICE en el departamento de Sucre
26.04.12: Desaparición forzada de Hernan Henry Diaz, dirigente y defensor de DDHH en Putumayo
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28.08.09
por Prensa Rural
Corresponsales de la asociación Agrogüéjar informaron a Prensa Rural que varias veredas de los municipios de Puerto Rico y La Macarena (Meta) fueron fumigadas indiscriminadamente con glifosato, a pesar de que en esa región ya no hay cultivos ilícitos, pues éstos hace rato fueron acabados por los erradicadores manuales.
Esta fumigación se realizó en el marco de las fiestas del arroz, que estaban previstas para los días 15 y 16 de agosto. Al inicio de dicha festividad pasaron las avionetas esparciendo su veneno de muerte y acabaron con la programación, ya que no quedaron cultivos con qué festejar.
Los campesinos de las comunidades del Bajo Ariari están cansados de ser blancos de los ataques de la “seguridad democrática”. La situación de orden público está cada vez peor. Al día de hoy las cosas no se han estabilizado: los campesinos siguen siendo invadidos por cantidades de ejércitos nunca antes imaginadas en una zona tan abandonada, se está a la espera de la entrada de la base militar y es ya fácilmente predecible el desplazamiento forzado.
De continuar esta situación, en un futuro las tierras del Bajo Ariari aparecerán como un logro más de la tan nombrada “seguridad democrática” y emergerán ante el mundo como territorios de paz, avalados ocultamente por las centenares de cruces de campesinos asesinados por la mano terrorista del Estado, aseguran voceros de las comunidades afectadas.