7.000 presos políticos en Colombia

11.11.09

7.000 presos políticos en Colombia

Por Sergio de Castro Sánchez
Diagonal

Surgido hace 38 años, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) de Colombia, tal y como nos explica su presidente, Agustín Jiménez, centra su trabajo en dar una “atención especial a la situación carcelaria y jurídica de las personas que son acusadas de cometer delitos políticos”. De entre ellos, “la mayoría son personas que ejercen alguna acción social o actividad política. Como son opositores al Gobierno, éste les hace montajes para tratar de demostrar que son de la guerrilla o crea juicios fingidos para poderlos llevar a los centros carcelarios”.

PREGUNTA: ¿Qué tipo de presos políticos existen en Colombia?

RESPUESTA: Básicamente se dividen en tres grupos. Primero están las personas que participan directamente del conflicto armado y que son miembros de los grupos insurgentes. También están aquellos que viven en las zonas en las que estos grupos tienen presencia y que normalmente son acusados de pertenecer a la guerrilla porque en algún momento les dan algún apoyo o tienen algún contacto, como es normal que suceda ya que ellos están en la misma zona. La mayoría de ellos son humildes campesinos o indígenas que no escogen vivir allí, sino que están en su territorio y en los que se presentan estas situaciones. En tercer lugar, como grupo más numeroso, están los dirigentes sociales y sindicales, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición que son detenidos y acusados de pertenecer a la guerrilla.

P.: ¿Cuántos presos políticos hay en Colombia?

R.: Nosotros hemos estado manejando como 7.000 personas que están en los centros carcelarios acusadas de delitos como el de rebelión o de participar en el conflicto armado como miembros de los grupos insurgentes.

P.: ¿Cuál es la situación actual respecto a la criminalización de la lucha social en Colombia?

R.: Actualmente la situación es bastante grave porque el gobierno de Álvaro Uribe ha tratado de aprovechar la existencia de un conflicto armado para deslegitimar las acciones de las organizaciones y comunidades que luchan por sus derechos acusándoles de pertenecer a alguna organización [armada]. El Gobierno ha diseñado toda una serie de estrategias para hacer montajes judiciales en contra de estas personas. Especialmente ha utilizado los testimonios arreglados de quienes tienen la condición –o dicen tenerla– de reinsertados y que han pertenecido a los grupos insurgentes, testificando en contra de los dirigentes sociales y declarando lo que el Gobierno quiere que digan. Muchas veces los militares y los policías los entrenan para esto montando pruebas falsas. Otro de los recursos que utiliza el Gobierno es la red de informantes que se ponen de acuerdo con las autoridades para hacer los montajes judiciales.

Esto ha provocado que durante el gobierno de Uribe unas 10.000 personas hayan sido detenidas arbitrariamente como parte de una política que busca meterle terror a la población a través de detenciones masivas. La mayoría de ellas han quedado en libertad, pero otras se encuentran todavía en los centros carcelarios.

Pero el Gobierno también utiliza al Ejército para criminalizar la protesta. Por ejemplo, en el caso de las protestas universitarias, metiendo al Ejército en las universidades y violando la autonomía universitaria, o en los territorios indígenas, cuando estos realizan alguna protesta en sus territorios.

Además, el Gobierno sale permanentemente a los medios de información a estigmatizar a todo líder social o defensor de derechos humanos llamándolos terroristas y sosteniendo que todas sus acciones de denuncia están conjugadas con los grupos guerrilleros.

P.: ¿Cómo ha afectado al tema de los presos políticos la política de “seguridad democrática” de Álvaro Uribe?

R.: Con el epíteto de “terrorista”, el Gobierno ha pretendido justificar una acción de persecución y hostigamiento contra las personas detenidas por motivos políticos, colocándolas en situaciones aún más graves que las que viven el resto de presos.

Muchos presos políticos han tenido que sufrir aislamientos prolongados y situaciones críticas de derechos humanos y en algunos casos han tenido que soportar que se les coloque en los mismos espacios que a los presos paramilitares, lo cual supone un riesgo altísimo para ellos, sobre todo porque los paramilitares tienen el apoyo de la guardia e incluso a veces de la dirección de las cárceles para atacar a los presos políticos.

Además, los presos políticos son enviados a lugares muy alejados de su familia, lo que se convierte en un sufrimiento permanente para ellos.

P.: ¿Cómo ha afectado el Plan Colombia a la política carcelaria de Uribe y en concreto en lo referente a los presos políticos?

R.: A través del Plan Colombia, Uribe firmó un acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones de EE UU para construir un número bastante grande de cárceles que ellos llaman de alta seguridad. En ellas, a imagen y semejanza de lo que plantea la política de EE. UU., lo que se busca es mantener de manera permanente una situación de presión y represión sobre el preso como una forma de castigo. Esto está provocando, por ejemplo, que algunos presos tomen la decisión de suicidarse ante la aplicación de un régimen carcelario que llega a ser inhumano.

La guardia de prisiones fue también formada por la Oficina Federal de Prisiones para aplicar presión permanente y control de seguridad, y los reglamentos carcelarios fueron cambiados para privilegiar la seguridad por encima de los derechos humanos.

Todo ello ha provocado un cuadro muy grave en los centros carcelarios del país para todas las personas detenidas, pero en especial para los presos políticos, porque esta política carcelaria también se desarrolla con la idea de tener elementos para la represalia contra el preso que se considera enemigo.

P.: ¿Hasta qué punto ha sido aplicada en Colombia la política estadounidense de defensa del uso de la tortura?

R.: No se ha notado un aumento importante en ese sentido porque ya el Ejército colombiano usa la tortura desde hace mucho tiempo.

Hasta hace no mucho en los centros carcelarios se ha tenido cuidado con el uso de la tortura, pero en los últimos tres o cuatro años han vuelto a aumentar los indicadores de tortura en todo Colombia. Ahora, mucha de la tortura se está dando fuera de los centros carcelarios, en el momento de la detención y en los centros de reclusión temporal, sobre todo con la finalidad de conseguir información que permita aumentar las órdenes de captura.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/7-000-presos-politicos-en-Colombia.html

Más información:

http://www.comitedesolidaridad.com/

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