IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
29.02.12: Amenazas paramilitares contra el CCAJAR y el MOVICE
5.01.12: Amenaza de muerte contra la Secretaria Técnica del MOVICE Capítulo Valle y su hijo nonato
25.07.11: "Así nos tomamos Sucre"
6.07.11: Polo exige que asesinato de concejal en Sucre no quede impune
21.06.11: Amenazas por parte de las Águilas Negras - Bloque Capital contra el MOVICE
7.06.11: Amenaza por parte de los Rastrojos contra el MOVICE
18.03.11: Condenan a cinco políticos del Magdalena por pactos de Chivolo y Pivijay
18.03.11: Colombia continúa sometida al régimen narcoparamilitar
18.03.11: Masacre de Chengue: crimen de lesa humanidad y una luz para las víctimas
2.03.11: Alarma por presencia y amenaza paramilitar en el Catatumbo
15.05.12: Publicado el nº 11 del Pa'lante
11.05.12: MOVICE rechaza las recientes amenazas de los "Rastrojos" y “Águilas Negras”
11.05.12: Agresiones contra integrantes del MOVICE en el departamento de Sucre
26.04.12: Desaparición forzada de Hernan Henry Diaz, dirigente y defensor de DDHH en Putumayo
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27.11.09
por Mar Centenera
El Movimiento de Víctimas dice que se producen para ocultar sus crímenes: “Con las extradiciones huye la verdad, porque las víctimas están en Colombia”
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha puesto la zancadilla a la Ley de Justicia y Paz que él mismo impulsó y gracias a la que se ha logrado desmovilizar a más de 50.000 paramilitares y guerrilleros, identificar centenares de cadáveres de personas desaparecidas y conocer masacres hasta el momento ignoradas. La extradición a Estados Unidos de los 14 principales líderes paramilitares es el mayor obstáculo para sacar toda la verdad a la luz y reparar a las decenas de miles de víctimas del conflicto armado colombiano, denunció ayer Pedro Medellín, director del programa de América Latina del Observatorio CITpax, durante la presentación de su informe en Madrid.Para Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Uribe ordenó las extradiciones “porque sabía que iban a decir cosas extremadamente comprometedoras para el Gobierno”, una acusación desmentida por el viceministro de Justicia colombiano, Miguel Ceballos, presente en el debate celebrado en la Casa América.
En su opinión, la lejanía de los jefes paramilitares “no cancela los procesos judiciales abiertos en Colombia” y los acusados deberán responder de los cargos contra ellos en el país “una vez cumplan sus condenas” en EEUU por narcotráfico.
Las asociaciones de víctimas y juristas como el juez español Baltasar Garzón se oponen a la decisión del Gobierno de Uribe: “No se pueden anteponer delitos de narcotráfico a graves crímenes contra la humanidad”. Más aún, cuando las autoridades judiciales y los extraditados se niegan a cooperar, dijo el magistrado.
“Bruma total”
Esa “falta de colaboración impide saber quién estuvo detrás de los crímenes. Queremos saber si participaron las multinacionales o los gremios económicos de Colombia (…),pero ahora estamos en una bruma total”, criticó el fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza.
El presidente de la Corte Suprema, blanco de los últimos ataques de Uribe, reconoció que el país ha avanzado mucho con la Ley de Justicia y Paz pero coincidió con Mendoza en que “con las extradiciones huye la verdad, porque las víctimas están en Colombia”.