IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
2.09.10: Jornada de acompañamiento a las víctimas de crímenes de Estado en Ocaña
1.09.10: Historias del campo: La espera, la respuesta de Acción Social.
1.09.10: No soy dueña de nada, no tengo nada y vivo donde trabajo.
1.09.10: Reunión extraordinaria con el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar,
1.09.10: Plantón del campesinado del Catatumbo frente a la gobernación de Norte de Santander
18.08.10: Dejado en libertad José Alcides Campos en Arauca
18.08.10: Asonada en El Tarra por asesinato de un niño y heridas a otros tres
16.08.10: Brigada movil No. 23 asesina un menor de edad y deja a tres más heridos en el Catatumbo
2.09.10: Jornada de acompañamiento a las víctimas de crímenes de Estado en Ocaña
1.09.10: Historias del campo: La espera, la respuesta de Acción Social.
1.09.10: No soy dueña de nada, no tengo nada y vivo donde trabajo.
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30.11.09
por Prensa Rural
Informan los corresponsales campesinos que el lunes 23 de noviembre a las tres de la tarde, tropas del Ejército al mando del sargento Merlando ingresaron al caserío del corregimiento El Aserrío, ubicado sobre la vía que comunica los municipios de Convención y El Tarra, en Norte de Santander.
Los militares se dedicaron a identificar a los dueños de cada negocio, verificando sus cédulas de ciudadanía y fotografiando los locales. El sargento Merlando dio su número de teléfono celular (320 6280064) para que la gente delate en privado a sus vecinos.
Al día siguiente, martes 24 de noviembre, los soldados seguían requiriendo las cédulas y verificando sus antecedentes vía celular, así como filmando a los pobladores civiles. Hubo momentos tensos cuando insultaron y amenazaron con golpear a un joven que se movilizaba en una motocicleta, de la cual también pidieron documentos.
El miércoles, informa la comunidad, seguía el operativo en el caserío, y algunos uniformados incluso informaron a sus habitantes que en este lugar se establecerá una base militar permanente.
Hay preocupación porque la presencia militar afecta la vida normal de la comunidad, además de que pone a la población civil en riesgo en caso de ataque de cualquier grupo armado. La Asociación Campesina del Catatumbo pide que las autoridades tomen cartas en el asunto y que los uniformados respeten el derecho internacional humanitario.