Caen los montages judiciales y sigue la resistencia civil

11.05.10

por Jaume Fortuño – IPO

El pasado 8 de mayo vimos como se autorizaba la liberación de 18 detenidos y se anulaban más de 50 órdenes de búsqueda y captura de ciudadanos del Catatumbo. Campesinos y pobladores de la región, miembros de Juntas de Acción Comunal y dos líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo estaban entre los acusados de ser auxiliadores de la guerrilla o incluso miembros de ella. Eran respetados miembros de sus comunidades; sin ningún historial delictivo, trabajadores y campesinos, muchos de ellos activos y comprometidos en el tejido social y organizativo de la región. En las veredas, caseríos y municipios donde vivían nadie los creía capaces de ser responsables de las acusaciones de rebelión, concierto para delinquir, asesinato con agravantes, etc. que pesaban sobre ellos. Aunque las investigaciones continúan y tendremos que esperar para ver en qué quedan, con las órdenes de captura canceladas hemos podido ver como se violaban una vez más las garantías al debido proceso y la presunción de inocencia de las que se debería disfrutar en una democracia.
Asimismo en Arauca, durante el pasado año, la táctica de los falsos positivos judiciales se ha venido aplicando de forma implacable. Así lo demuestra la detención de 49 personas en 3 redadas durante el año 2009; 13 el 9 de mayo en la “Operación República 188”, 20 el 19 de octubre en la “Operación ABC” y 16 el 19 de diciembre. A todo esto, durante los últimos meses hemos visto como se han venido derrumbando las acusaciones en las que se fundamentaban detenciones masivas similares. Tal es el caso de los 5 dirigentes de organizaciones sociales de Arauca, liberados el 9 de abril de 2010 al no encontrar pruebas de los delitos que les imputaban, después de pasar más de dos años en la cárcel. Sin embargo, pese a haber salido en libertad, los años de injusta prisión, los malos tratos y torturas allí sufridas, la estigmatización que conllevan semejantes procesos… son cosas que nunca se van a reparar. Por no hablar de la incierta situación de seguridad que se cierne sobre ellos; cabe recordar el caso de los asesinatos de Israel Verona en marzo o de Apolinar Herrera en noviembre del 2009. Ambos eran miembros a la ACA que tras ser declarados inocentes y puestos en libertad, fueron asesinados al retornar a sus hogares.
Todas estas personas hacen parte de las 2.000 que han sido encarceladas y de las más de 10.000 que han sufrido retenciones administrativas sin ninguna actuación judicial en el departamento de Arauca desde el año 2002. Durante los últimos 8 años esta persecución judicial ha resultado tenaz, y no tomamos esta fecha por azar, ya que ahí empezó la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez. En el mismo año 2002 en la fuerza Publica con la ayuda de la Estructura de Apoyo a la Fiscalía, llevó a cabo la que llamó “Operación Heroica”; 2500 personas fueron retenidas en el Estadio de Saravena; de ellas tan solo 51 llegarían a ser judicializadas y 30 enfrentarían cargos de rebelión y terrorismo. A partir de ahí las detenciones arbitrarias, masivas y selectivas, no hicieron más que generalizarse e intensificarse, en Arauca y en todo el país. Según el informe publicado por Joel Sierra, Arauca 2009, con esta estrategia “se persigue la protesta social, se criminaliza a la oposición, penaliza el pensamiento crítico o diferente, y se pretende desarticular el tejido social que históricamente han construido las comunidades”.
Buena parte de los 7.200 presos políticos que se reconocen en Colombia, están cumpliendo condena por estas lógicas. Detenciones preventivas y órdenes de búsqueda y captura de campesinos, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos que resultan haber sido hechas en base a acusaciones sin fondo y pruebas inconsistentes. Dichos “errores” de la fuerza pública y sus estructuras de apoyo de la fiscalía están lejos de ser casos aislados y meras equivocaciones. Hacen parte de una estrategia de criminalización del movimiento social para silenciar mediante el temor al conjunto de la sociedad civil. Y asimismo responden a un afán por conseguir resultados y presentar cifras de los logros de la Política de Seguridad Democrática. Los falsos positivos, sean asesinatos o montajes judiciales, por su carácter de estrategia sistemática y continuada de represión de la oposición, no pueden ser considerados como errores aislados. No se trata de los desmanes de unas pocas manzanas podridas sino más bien del resultado de una política podrida.

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