IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
26.04.12: Desaparición forzada de Hernan Henry Diaz, dirigente y defensor de DDHH en Putumayo
9.03.12: Amenazas en contra lideresas y victimas de desplazamiento forzado
15.12.11: Nuevos señalamenitos y violaciones de los DDHH y el DIH en el Huila
30.11.11: Nueva agresión contra Edgar Montilla, integrante del CPDH - Nariño
1.11.11: Detención arbitraria en Sata Rita Ituango
25.08.11: Nuevas Amenazas contra integrantes del MOVICE Capítulo Valle del Cauca
15.05.12: Publicado el nº 11 del Pa'lante
11.05.12: MOVICE rechaza las recientes amenazas de los "Rastrojos" y “Águilas Negras”
11.05.12: Agresiones contra integrantes del MOVICE en el departamento de Sucre
26.04.12: Desaparición forzada de Hernan Henry Diaz, dirigente y defensor de DDHH en Putumayo
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20.05.10
por Asociación Campesina de Arauca
Corresponsales afiliados a la Asociación Campesina de Arauca denunciaron que el miércoles 19 de mayo de 2010, en las veredas Caño Colorado y Galaxias, en el municipio de Tame, soldados de la Brigada Móvil No. 5 retuvieron arbitrariamente a varios civiles, incluyendo niños, golpeándolos y mandándolos adelante en los patrullajes, usándolos como escudos humanos ante cualquier posible hostigamiento enemigo.
Estos hechos, además de ser a todas luces ilegales, constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que protege a los civiles en medio del conflicto armado.
La Brigada Móvil No. 5, comandada por el coronel José Leonidas Espitia Duarte, tiene su puesto de mando en Puerto Jordán (Arauca), y hace parte de la Octava División del Ejército Nacional, con sede en Yopal (Casanare) y con jurisdicción en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, y los municipios de Labranzagrande, Paya, Pisba y Pajarito en Boyacá.
Solicitamos a los organismos de control el esclarecimiento de estos hechos, a las Fuerzas Militares el cese de estas irregularidades, y a las organizaciones humanitarias y de solidaridad exigir al estado colombiano el cumplimiento de la ley, de la Constitución Política y de los tratados de Derechos Humanos.