TLC entre UE y Colombia: una firma inoportuna, contraproducente e irresponsable

3.06.10

Agencia Prensa Rural

Las organizaciones europeas de derechos humanos, desarrollo, Iglesias y solidaridad que formamos parte de la Oficina Internacional para los Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO), consideramos que la rúbrica del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Colombia, oficializada en Madrid el pasado 18 de mayo, es un paso en la dirección equivocada, que además ignora los llamados que hemos realizado junto con muchos sectores sociales de Colombia y Europa. Mientras se concluye el tratado de libre comercio (TLC) con Colombia, defensores de derechos humanos siguen siendo blancos de asesinatos en varios departamentos del país. A la vez, hay evidencias de que el servicio de inteligencia colombiano, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), estuvo espiando ciudadanos europeos, representantes de la Naciones Unidas y de la UE, y los gobiernos nacionales de aquellos mismos países que piensan favorecer los derechos humanos firmando el TLC con Colombia.

Rubricando el acuerdo comercial, la UE está desaprovechando una ocasión única para incidir en las políticas colombianas de derechos humanos. La inclusión en el tratado de una cláusula democrática no significa que la UE quiera incidir en la crisis permanente de derechos humanos en Colombia; sólo permite reaccionar frente a un empeoramiento de esta grave situación y envia el mensaje de que la situación actual es aceptable.

En los mismos días de la rúbrica del acuerdo comercial, en Colombia, ocurrieron nuevamente asesinatos que demuestran la falta de garantías y la inoperancia de las medidas de protección que siguen existiendo en el país frente al trabajo de las personas defensoras de derechos humanos

Rechazamos los nuevos asesinatos de defensores de derechos humanos y de un sindicalista

El 17 de mayo, el sindicalista colombiano Francisco Antonio ABELLO REBOLLO fue asesinado, mientras defendía los derechos de los trabajadores de una plantación de palma de aceite en el departamento del Magdalena.

El 18 de mayo, el destacado defensor Rogelio MARTÍNEZ MERCADO, que lideraba el proceso de retorno de numerosas familias desplazadas por grupos paramilitares a su finca La Alemania, era asesinato en el departamento de Sucre, Colombia. Era miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) – capítulo Sucre, que ha recibido más de 50 agresiones desde 2006.

El 23 de mayo, Alexander QUINTERO, coordinador de la asociación de víctimas de la masacre del río Naya, ocurrida en abril de 2001, fue baleado por sicarios en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Quintero coordinaba el proceso de verdad, justicia y reparación de las victimas del desarraigo, promovía el retorno de los desplazados y la restitución de sus tierras.

El DAS: persecución y espionaje en el corazón de Europa

Dentro del marco de las investigaciones que adelanta la justicia colombiana por la sistemática política de persecución ilegal a miles de personas colombianas, la prensa recientemente reveló que las actividades del servicio de inteligencia colombiano sobrepasaron las fronteras nacionales.

La llamada Operación Europa creó varias redes de espionaje encargadas de vigilar, filmar o grabar a los presuntos enemigos u opositores del gobierno e identificó como blancos de sus actividades ilegales a la Sub Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, al sistema jurídico europeo, a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y a algunos gobiernos europeos. La estrategia, orientada a desprestigiar, sabotear y adelantar una verdadera guerra jurídica contra las voces críticas, también incluyó la infiltración en seminarios, foros y talleres organizados por la sociedad civil.

Estando el DAS bajo la dirección y control del Presidente de la República, resulta difícil creer que el presidente no conociera la existencia de esta política sistemática de persecución ilegal y que el DAS actuó autónomamente. Tres funcionarios del despacho presidencial están ahora investigados por su presunta participación en este escándalo pero, hasta la fecha, no ha habido renuncias ni disculpas públicas.

Ante estos hechos, pedimos a la UE que:

1. Se pronuncie públicamente sobre los asesinatos de Martínez, Abello y Quintero y que exija al gobierno colombiano la adopción, de manera prioritaria, de las recomendaciones, hasta la fecha incumplidas, de la Campaña Internacional “Colombia: defensores de derechos humanos bajo amenazas”, elaboradas por un colectivo de 275 organizaciones de 26 países.

2. Rechace públicamente las prácticas del DAS, que investigue sus actuaciones en Europa y establezca si estuvieron apoyadas por algunos servicios de inteligencia de los estados miembros.

3. Suspenda los trámites de aprobación del TLC que está concluyendo con Colombia y que ponga los derechos humanos por encima de los intereses económicos en las relaciones con este país.

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