IPO es una organización de acompañamiento internacional e información en Colombia, en solidaridad con organizaciones en resistencia no violenta.
29.02.12: Amenazas paramilitares contra el CCAJAR y el MOVICE
5.01.12: Amenaza de muerte contra la Secretaria Técnica del MOVICE Capítulo Valle y su hijo nonato
6.07.11: Polo exige que asesinato de concejal en Sucre no quede impune
21.06.11: Amenazas por parte de las Águilas Negras - Bloque Capital contra el MOVICE
7.06.11: Amenaza por parte de los Rastrojos contra el MOVICE
18.03.11: Condenan a cinco políticos del Magdalena por pactos de Chivolo y Pivijay
18.03.11: Colombia continúa sometida al régimen narcoparamilitar
18.03.11: Masacre de Chengue: crimen de lesa humanidad y una luz para las víctimas
2.03.11: Alarma por presencia y amenaza paramilitar en el Catatumbo
22.02.11: Nueva masacre paramilitar en Putumayo: "Los Rastrojos" degollaron a 5 personas en zona militarizada
15.05.12: Publicado el nº 11 del Pa'lante
11.05.12: MOVICE rechaza las recientes amenazas de los "Rastrojos" y “Águilas Negras”
11.05.12: Agresiones contra integrantes del MOVICE en el departamento de Sucre
26.04.12: Desaparición forzada de Hernan Henry Diaz, dirigente y defensor de DDHH en Putumayo
Reciba el informe quincenal de IPO, con un resumen de las últimas actualizaciones, y otras informaciones coyunturales.
Esta obra está bajo una licencia de
Creative Commons
6.06.08
Fiscalía llama a indagatoria al general Farouk Yanine Díaz por masacre de la Rochela
Por Semana www.semana.com
Fecha: 06/05/2008
Un año después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado por la masacre de la Rochela, en Santander, la Fiscalía llama a indagatoria al general retirado Faoruk Yanine Díaz.
La Fiscalía llamó el jueves a indagatoria al general retirado Farouk Yanine Díaz dentro del proceso de investigación por la masacre de la Rochela, ocurrida en enero de 1989. Trece miembros de una comisión judicial que viajaba desde Bogotá para investigar otra masacre en la zona fueron asesinados en la carretera cercana a la vereda La Rochela, en Santander.
La justicia busca conocer cuál es la responsabilidad de Yanine Díaz en el fortalecimiento y la creación de alianzas con grupos paramilitares, mientras fue comandante de la Segunda División del ejército, con jurisdicción en los departamentos de Arauca, Santander, y Norte de Santander, entre otros. Los grupos paramiliatres auspiciados por miembros del ejército en la zona habrían cometido varios crímenes violentos como la masacre de 19 comerciantes que precisamente investigaba la comisión judicial cuando fue asesinada. Yanine Díaz también fue investigado por la masacre de los comerciantes, y aunque varios paramilitares fueron condenados por la Fiscálía por este crimen, Yanine Díaz y otros miembros del Ejército fueron absueltos por la justicia penal militar.
No obstante, Alonso de Jesús Baquero alias Vladimir, un exparamilitar y autor material de esta masacre declaró en contra de Yanine Díaz. Señaló al general como conocedor y promotor de los grupos paramiltares en la zona y quien habría ordenado el asesinato de la comisión judicial. “El mismo general Yanine llevó la iniciativa con el argumento de que nosotros debíamos hacer lo que el Ejército no podía hacer, ” dijo Vladimir en entrevista concedida a Semana en noviembre del 97.
Yanine fue capturado en 1997 y procesado por la justicia penal militar que lo absolvió y lo dejó en libertad en octubre de ese año. Sin embargo, los familiares de las víctimas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en mayo de 2006 notificó al Estado colombiano que debía comparecer en el caso. Después pasó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado como responsable de la masacre el año pasado.
“Porque existía en Colombia un marco legal que autorizaba la creación de esos grupos de autodefensa; porque el Ejército había estimulado la formación de esos grupos, que se convirtieron en terribles organizaciones paramilitares; porque miembros del Ejército actuaron en complicidad con esos paramilitares; porque el gobierno no brindó la protección apropiada a los funcionarios judiciales, y porque, después de la masacre, el Estado colombiano no investigó ni sancionó apropiadamente a los autores intelectuales y materiales de ese crimen”, fueron los argumentos de la Corte para condenar al Estado seis veces por este caso. La última condena obliga al estado a indemnizar a los familiares de las víctimas por más de 5 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia fue quien dio la orden de reabrir la investigación, con base en las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, la Procuraduría General pidió a la Sala Penal de la Corte Suprema que revisara nuevamente el caso.
Para los familiares de las víctimas es importante que el Estado haya sido condenado, pero también llevan años esperando a que se termine de esclarecer la participación de todos los autores materiales e intelectuales en este crimen. En ese sentido, para ellos es un avance significativo que la Fiscalía haya llamado a indagatoria al general Yanine Díaz.