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26.07.07
BIRMINGHAM, EEUU (Reuters) – El jurado del caso contra la compañía estadounidense Drummond se retiró el miércoles a discutir su veredicto sobre la acusación de que la minera pagó a paramilitares para que mataran a tres líderes sindicales en uno de los yacimientos que opera en Colombia.
El caso podría establecer un precedente para las compañías estadounidenses acusadas de violaciones a los derechos humanos en el extranjero. Se basa en una ley de 1789 que ha sido revivida para demandar a compañías transnacionales por abusos a los derechos.
“Drummond equiparó a los sindicatos con guerrillas. Los acusados dieron refugio (...) vehículos (...) (y) combustible a los paramilitares. El acusado se negó a dar refugio a los trabajadores,” declaró el miércoles el abogado demandante Rusty Johnson a la corte.
Johnson sostuvo que Drummond tenía un motivo en las muertes, ya que creía que sus trenes en el norte de Colombia fueron atacados en reiteradas oportunidades por fuerzas aliadas a los sindicatos.
La empresa privada Drummond Company Inc., con base en Alabama, ha negado cualquier participación en las muertes de tres líderes sindicales en el 2001, cerca de una mina a tajo abierto que opera en Colombia.
Drummond no dio apoyo a los paramilitares y no participó en las muertes, afirmó el abogado William Jeffress, quien cuestionó los testimonios presentados por los demandantes en el juicio, que comenzó el 9 de julio.
La demanda fue presentada por el Fondo Internacional de Derechos Laborales y el sindicato United Steelworkers, con base en Pittsburgh, en marzo del 2002 y busca una compensación por daños no especificada a nombre de las familias de los líderes sindicales muertos.
Los abogados de las familias sostienen que Drummond contrató a hombres enmascarados que mataron a los líderes sindicales colombianos Valmore Locarno y Víctor Orcasita en marzo del 2001 y a Gustavo Soler siete meses después.
Los tres empleados de Drummond había discutido con la empresa minera debido a temas salariales y de seguridad.
Escuadrones de la muerte paramilitares fueron creados en la década de 1980 por ganaderos y otros residentes ricos de la nación andina que buscaban protección ante los rebeldes izquierdistas.
Se cree que los paramilitares son responsables de la muerte de más de 4.000 líderes sindicales y activistas colombianos desde 1986. Más de 31.000 paramilitares entregaron sus armas en los últimos tres años como parte de un acuerdo con el Gobierno.
A comienzos de este año, el gigante bananero estadounidense Chiquita Brand International Inc. se declaró culpable de pagar 1,7 millones de dólares para recibir protección de paramilitares colombianos entre 1997 y el 2004. Ese caso nunca fue a juicio.
Fuente: Reuters America Latina, 25 de julio 2007